El 26 de enero, los integrantes de la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la República Argentina se reunieron con el objetivo de elaborar un documento para ampliar la información acerca del rol y la importancia de los Consejos y Colegios Profesionales.
La Junta Central el Consejo Profesional de Agrimensura, está conformada por, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el Consejo Profesional de la Ingeniería Aeronáutica y Espacial, el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, e Consejo Profesional de Ingeniería Industrial, el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista, el Consejo Profesional de Ingeniería Naval, el Consejo Profesional de Ingeniería Química y el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación.
A continuación, compartimos el documento:
La Junta Central de Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de la República Argentina quiere manifestar y dar a conocer su absoluto desacuerdo y rechazo frente a las recientes declaraciones de neto corte proselitista y alto impacto mediático, que buscan desinformar al público, desplegando un manto de sospechas sobre la actividad de los colegios y consejos profesionales.
Nuestra institución creada en el año 1958, mediante el decreto ley 6070/58, ratificado por la ley 14.407, Digesto Jurídico 2014, nuclea en su seno a los Consejos que administran la matrícula de las profesiones de interés público mencionadas, requerida para actuar en la jurisdicción federal y ante las autoridades nacionales, cumpliendo una importante función en favor del interés público.
Ciertamente, la autorización para ejercer una actividad a través de la matriculación, en primer lugar, respalda a su titular ya que homologa el alcance del título con la actividad que aquél desplegará; luego, permite a las autoridades públicas administrativas y/o judiciales una efectiva identificación de quién la detenta. Y, por último, representa una garantía para el público en general que pudiera requerir los servicios profesionales, ya que sujeta la prestación de éstos a un conjunto de criterios y conceptos propios de cada arte (reglas éticas) que deben guiar la conducta de quien los desarrolla, deberes que en caso de ser quebrantados merecerán el reproche de sus pares a través de las sanciones que pueden aplicarse en el marco de un procedimiento ético.
Tal cometido, como en el caso de nuestra institución y de los Consejos que la componen, es gestionado enteramente de manera privada, sin recibir fondos públicos o de organismos estatales, sin exigir aportes referidos a Cajas de previsión social, y a través de autoridades y directivos que se desempeñan en todos los casos ad honorem.
Por todo eso y teniendo en cuenta la situación institucional de nuestro querido país, resulta poco oportuno y útil instalar una pretendida solución que solo generaría mayor grado de anomia, ausencia de control y dilución de la responsabilidad profesional.
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