La Academia Nacional de Ingeniería (ANI), mediante su Instituto de Construcciones y Estructuras (ICyE), difundió el informe “Alerta sobre la frecuencia de derrumbes en construcciones nuevas y existentes”, un análisis técnico que documenta el aumento sostenido de colapsos y fallas estructurales en el país. Elaborado bajo la dirección del ingeniero Tomás A. del Carril y firmado por especialistas de reconocida trayectoria —entre ellos Raúl D. Bertero, Javier R. Fazio, Máximo J. Fioravanti, Alberto Giovambattista, Arístides B. Domínguez, Ricardo J. Rocca y Oscar A. Vardé— el documento sintetiza más de una década de relevamientos, consultas y registros públicos.

Según el ICyE, en los últimos quince años se contabilizaron decenas de derrumbes y colapsos parciales en diferentes provincias, cifra incompleta debido a la falta de difusión de muchos incidentes. El relevamiento abarca viviendas, comercios, templos, escuelas, oficinas y naves industriales. El aumento de fallas ocurre pese al avance técnico en materiales y métodos constructivos, lo que evidencia deficiencias en controles, responsabilidades y articulación entre proyectistas, constructores y organismos estatales.

Entre los datos más relevantes, el informe destaca que el 39 % de los derrumbes registrados entre 2010 y 2025 ocurrió durante la construcción de obras nuevas, señal considerada “particularmente alarmante”. El ICyE clasifica las fallas en tres grupos: incidentes accidentales en edificios existentes por sobrecargas, vientos, degradación o falta de mantenimiento; fallas durante remodelaciones ejecutadas sin proyectos adecuados; y fallas en obras nuevas, asociadas a errores de diseño, controles insuficientes o prácticas inadecuadas en excavaciones, fundaciones y armado estructural.

Una encuesta realizada por la ANI a más de 160 ingenieros estructurales revela además numerosos episodios graves que no llegan a la esfera pública gracias a intervenciones técnicas oportunas. Estos casos —aunque invisibles para los medios— muestran la frecuencia real de desviaciones que comprometen la estabilidad de las obras.

El informe también examina el papel de los organismos oficiales. En la mayoría de los municipios, los entes de control verifican la documentación presentada, pero no realizan revisión técnica exhaustiva de los proyectos estructurales, lo que deja la responsabilidad casi exclusivamente en proyectistas y directores de obra. A esto se suma la frecuente entrega de planos incompletos o desactualizados y la ausencia de archivos oficiales sobre estructuras existentes, situación que dificulta intervenciones seguras en demolición o excavación. Las inspecciones municipales suelen centrarse en seguridad e higiene, mientras que sólo algunas provincias exigen controles previos a cada hormigonado.

Para revertir esta tendencia, el ICyE propone medidas centrales: adopción obligatoria de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Construcciones (CIRSOC); revisión técnica independiente antes del inicio de obra con responsabilidad solidaria; actualización de las definiciones y obligaciones de directores, inspectores y contratistas; exigencia de que el constructor revise íntegramente el proyecto antes de comenzar; mayor profesionalización en obras medianas y pequeñas; trazabilidad documental mediante planos conforme a obra fidedignos; y mantenimiento obligatorio con inspecciones periódicas durante toda la vida útil.

El informe recuerda, además, las obligaciones del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad del constructor ante fallas que comprometan la solidez y la nulidad de cualquier intento de limitarla contractualmente. La ANI subraya que, cuando ocurre una tragedia, la intervención judicial llega tarde: la prevención debe ser técnica, temprana y sostenida.