La Academia Nacional de Ingeniería (ANI), una de las instituciones de mayor prestigio técnico del país, difundió recientemente un documento de alto impacto público: “Alerta sobre la frecuencia de derrumbes en construcciones nuevas y existentes”. Elaborado por el Instituto de Construcciones y Estructuras (ICyE) bajo la dirección del ingeniero Tomás A. del Carril, el informe aborda un problema que, lejos de ser excepcional, se ha vuelto recurrente: el incremento de colapsos, fallas estructurales y siniestros evitables en obras de arquitectura e ingeniería en todo el territorio argentino.

El documento —firmado por un equipo interdisciplinario que incluye a referentes de la ingeniería estructural como Raúl D. Bertero, Javier R. Fazio, Máximo J. Fioravanti, Alberto Giovambattista, Arístides B. Domínguez, Ricardo J. Rocca, Oscar A. Vardé, entre otros integrantes del ICyE— constituye una advertencia rigurosa y necesaria. En sus casi treinta páginas, la ANI expone que la seguridad en las obras del país enfrenta deficiencias sistemáticas tanto en la etapa de proyecto como en la ejecución y mantenimiento, y propone un conjunto de acciones correctivas de alcance institucional, profesional y normativo.

Un panorama preocupante

La introducción del informe es contundente: en los últimos quince años se han registrado, sólo en medios gráficos y digitales, decenas de derrumbes y colapsos parciales en diferentes provincias. Esta cifra, según advierte el ICyE, es necesariamente incompleta, ya que muchos incidentes no llegan a difundirse públicamente. La recopilación incluye edificios de vivienda, comercios, templos, oficinas, escuelas e incluso estructuras industriales.

El ICyE enfatiza que, pese al avance tecnológico en materiales, diseño y métodos constructivos, continúan ocurriendo fallas que podrían haberse evitado con controles adecuados, mayor rigor profesional y una articulación más estricta entre los distintos actores del sector —desde proyectistas hasta autoridades de inspección municipal—.

Estadísticas que encienden alarmas

Entre los datos más reveladores del informe, un gráfico indica que el 39 % de los derrumbes registrados entre 2010 y 2025 se produjo durante la construcción de edificios nuevos. Este dato, calificado como “alarmante”, refleja que una proporción significativa de fallas no es consecuencia del envejecimiento estructural, sino del proceso constructivo mismo. En paralelo, el relevamiento distingue tres categorías principales de fallas:

• Fallas accidentales en edificios existentes, vinculadas a sobrecargas, vientos, degradación de materiales, corrosión o falta de mantenimiento.
• Fallas durante remodelaciones, muchas veces ejecutadas sin proyectos adecuados ni profesionales competentes.
• Fallas en obras nuevas, asociadas a errores de diseño, controles insuficientes, mala praxis en excavaciones, fundaciones o armado de estructuras.

La encuesta a más de 160 ingenieros estructurales —incluida en el documento— revela además una enorme cantidad de incidentes graves que no llegan a los medios gracias a la intervención profesional oportuna. Aunque esos casos no se difunden, muestran cuán frecuentes son las desviaciones y errores que pueden comprometer la estabilidad de una obra.

El rol de los organismos oficiales y las debilidades del sistema

Uno de los apartados dedicados a la “Situación actual” señala que, en la mayoría de los municipios, los entes de control verifican la presentación formal de la documentación, pero no realizan una revisión técnica exhaustiva de los proyectos estructurales. Esto deriva en un sistema donde la responsabilidad recae casi por completo en proyectistas, directores de obra y constructores, sin un contrapeso institucional que garantice confiabilidad.

El ICyE señala además que los planos estructurales presentados durante los trámites de aprobación suelen estar incompletos o desactualizados, ya que muchas veces el proyecto arquitectónico continúa modificándose entre la aprobación y el inicio de obra. Del mismo modo, la falta de archivos oficiales sobre edificaciones existentes complica el relevamiento de estructuras a demoler o a proteger durante excavaciones.

Las inspecciones municipales, por su parte, tienden a centrarse en aspectos de seguridad e higiene. Sólo algunas provincias exigen controles previos a cada hormigonado, mientras que en otros distritos los procedimientos son insuficientes o dependen de inspectores sin formación especializada.

Propuestas del ICyE para revertir la tendencia

El documento dedica un amplio apartado a proponer soluciones. Entre ellas se destacan:

• Adopción obligatoria y permanente de los Reglamentos Nacionales de Seguridad de las Construcciones, especialmente los emitidos por CIRSOC. El ICyE observa que muchos municipios operan con normativas obsoletas, lo que deja vacíos importantes en términos de seguridad estructural.
• Revisión técnica obligatoria de los proyectos antes del inicio de obra, a cargo de profesionales distintos de los proyectistas, con responsabilidad solidaria.
• Ajustes normativos en las definiciones de Director de Obra, Inspector y Contratista, reforzando su responsabilidad técnica y jurídica.
• Revisión completa del proyecto por parte del constructor, que debería dar conformidad explícita antes de iniciar los trabajos.
• Mayor profesionalización en obras medianas y pequeñas, dado que la mayoría de los derrumbes provienen de empresas sin oficinas técnicas capacitadas o sin controles internos robustos.
• Trazabilidad de la documentación, exigiendo que los “planos conforme a obra” reflejen fielmente lo construido, para evitar que intervenciones futuras se realicen sobre información errónea o incompleta.
• Mantenimiento obligatorio y sistemático, acompañado de inspecciones periódicas durante toda la vida útil de la obra.

Responsabilidades profesionales y marco legal

En su anexo, el documento recuerda las obligaciones que impone el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente los artículos 1273 y 1276, que establecen la responsabilidad del constructor ante ruinas o fallas que comprometan la solidez de una obra, y la nulidad de cualquier cláusula que intente limitar dicha responsabilidad.

El tono del cierre es claro: cuando hay víctimas, la intervención judicial llega tarde. Las instituciones y los profesionales deben actuar antes, adoptando mecanismos de prevención eficaces.

Un mensaje institucional contundente

A lo largo del documento, la ANI reafirma su misión histórica: promover la excelencia en la ingeniería argentina y acompañar a las autoridades y a la sociedad en la toma de decisiones que protejan la vida y el patrimonio. La participación de sus miembros titulares —entre los que se destacan el presidente Oscar U. Vignart, la vicepresidenta Patricia L. Arnera, el vicepresidente Máximo J. Fioravanti, el secretario Tomás A. del Carril y muchos otros académicos de trayectoria— otorga al documento un significativo peso técnico y moral.

El mensaje final es tan simple como urgente: los derrumbes no son inevitables. Con control, capacitación, cumplimiento normativo y compromiso ético, el país puede reducir drásticamente la frecuencia de fallas estructurales. La ingeniería argentina dispone del conocimiento; lo que falta es que todos los actores del proceso constructivo asuman su rol con responsabilidad.