El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina impactó la costa de Luisiana como una tormenta de categoría 3. Sin embargo, no fue el viento el que devastó Nueva Orleans, sino la cadena de errores técnicos y decisiones políticas que permitieron que los diques cedieran, causando una de las tragedias urbanas más significativas en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Con 1.392 muertos y daños estimados en 125 mil millones de dólares, Katrina dejó al descubierto no solo la fragilidad del sistema de defensa contra inundaciones, sino también el profundo quiebre en la coordinación entre niveles gubernamentales.

El caso de los diques construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) es emblemático. Más de la mitad de las inundaciones que afectaron la ciudad se debieron a errores de diseño, materiales inadecuados y tramos incompletos en las estructuras de protección, que ya habían sido advertidos por expertos y que el propio USACE reconoció posteriormente. En algunos sectores, se encontraron terraplenes construidos con arena en lugar de arcilla compactada, generando puntos débiles que colapsaron ante la marejada ciclónica.

Mientras tanto, la respuesta federal se mostró caótica e ineficaz. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) rechazó ayuda logística de empresas y particulares, bloqueó entregas de agua y combustible, y dejó pasar días sin tomar conciencia de la gravedad de la situación en refugios improvisados como el Superdome y el Centro de Convenciones. Su director, Michael Brown, se enteró del colapso humanitario recién al ser interpelado por televisión nacional, y terminó renunciando menos de dos semanas después.

La falta de un plan de evacuación operativo agravó la crisis. El municipio disponía de cientos de autobuses escolares y municipales que podrían haber sido utilizados para trasladar a los 150.000 residentes sin acceso a vehículos particulares. Esos mismos colectivos terminaron inutilizables, sumergidos en los estacionamientos anegados. La evacuación obligatoria fue ordenada apenas 19 horas antes del impacto, un margen insuficiente para una ciudad de ese tamaño.

Dos décadas después, las secuelas físicas y sociales siguen presentes. Las comunidades más afectadas fueron las más vulnerables: mayores de edad, personas sin recursos, y especialmente residentes afroamericanos del Lower Ninth Ward, que sufrió las peores inundaciones, en contraste con zonas más altas como el French Quarter. Estudios demográficos confirmaron que la tasa de mortalidad entre afroamericanos fue hasta cuatro veces superior a la de los blancos en la misma franja etaria.

Legalmente, la búsqueda de justicia ha chocado con limitaciones históricas. A pesar de que un juez federal declaró negligente al Cuerpo de Ingenieros por su desempeño, una ley de 1928 impide iniciar demandas contra el gobierno federal por fallos en proyectos de control de inundaciones. El informe principal que evaluó la catástrofe fue elaborado por la misma entidad responsable del sistema fallido, lo que alimentó las críticas por falta de imparcialidad.

Con una inversión posterior de 14.500 millones de dólares, el nuevo sistema de diques mostró su eficacia durante el paso del huracán Ida en 2021, dando señales de que un diseño adecuado sí puede marcar la diferencia. Pero el desafío continúa: la pérdida de tierras costeras y el cambio climático exigen repensar la infraestructura crítica bajo nuevos parámetros.

La tragedia de Katrina dejó lecciones fundamentales para la ingeniería estructural: la importancia de la evaluación independiente, la transparencia en la gestión del riesgo, y la planificación urbana integrada a la infraestructura. Expuso, en particular, que la ingeniería no puede desvincularse de su función social: cada decisión técnica provoca consecuencias directas sobre las vidas humanas. Esa es la responsabilidad mayor que los profesionales del sector deben asumir en cada intervención.